La Comisión de Derechos e Intereses del Pueblo planea establecer un ‘Consejo de Coordinación de Conflictos’ el próximo año y construir un sistema de gestión de quejas colectivas a nivel gubernamental para resolver rápidamente las quejas colectivas. Además, se planea revisar las leyes y sistemas anticorrupción para posicionar a Corea en el top 20 del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI).
El 16 de diciembre, la Comisión de Derechos e Intereses del Pueblo presentó su informe de trabajo para 2026 en el Centro de Convenciones de Sejong, bajo la visión de ‘Una nación cultural brillante, mejorando los derechos del pueblo’. La comisión reportó tres estrategias principales para realizar la visión del gobierno de Lee Jae-myung de ‘Una nación donde el pueblo es el dueño, una Corea feliz juntos’. Estas estrategias incluyen: respuesta proactiva y centrada en el terreno para resolver las dificultades del pueblo, mejora del sistema basada en las voces del pueblo y alivio de los derechos a través de juicios administrativos, y revisión de leyes y sistemas anticorrupción y difusión de la cultura de integridad.
La Comisión de Derechos e Intereses del Pueblo anunció la creación del Consejo de Coordinación de Conflictos y la integración del número de consultas no urgentes en el 110 para aliviar las molestias del pueblo. Además, se planea construir una plataforma de derechos del pueblo basada en inteligencia artificial (IA) y mejorar los sistemas cotidianos. Se fortalecerá la compensación por daños causados por desastres como los hundimientos de tierra, se reforzará la red de seguridad social, se abordarán los cambios en la estructura demográfica y se mejorará la equidad en la contratación.
La comisión también planea revisar las leyes para prohibir las solicitudes indebidas y prevenir conflictos de intereses entre los funcionarios públicos. Se fortalecerán las regulaciones para proteger y apoyar a los denunciantes. Además, se realizarán inspecciones intensivas en áreas de alto riesgo como la educación y las finanzas locales para prevenir la pérdida de fondos públicos y se fortalecerá la educación sobre integridad para las futuras generaciones.